El Sistema Interamericano de Derechos Humanos nació con la suscripción del Tratado Internacional de la Convención Interamericana de DDHH (CADH) el 22 de noviembre de 1969, también llamado Pacto de San José.

Posteriormente 24 Estados de nuestro continente lo han ratificado, de los 35 miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) entre ellos el Perú; esto lo hicimos el 27 de Julio de 1977 con la aprobación previa del Congreso de la República.

 No son parte de ella EE. UU. Canadá, Venezuela y varios países de habla inglesa del Caribe.

Ahí se establece que los órganos competentes del Sistema son la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Es muy importante tener en cuenta como funcionan:

La Comisión actúa como una especie de Fiscalía, tiene la facultad de denunciar ante la Corte IDH los casos de posibles violaciones a los DDHH, es obligatorio pertenecer a ella para los Estados que han ratificado la Convención. Tiene su sede en Washington- EE. UU.

 La Corte actúa como un tribunal autónomo, tiene jurisdicción en los países que han aceptado su competencia, recibe denuncias de la Comisión (CIDH) y de los Estados parte. Sus sentencias son de obligatorio cumplimiento. Tiene su sede en San José- Costa Rica.

Cada uno de estos órganos tienen siete integrantes elegidos por la Asamblea de la OEA, escogidos entre los candidatos presentados por los países que así lo deseen.

Para que cualquier ciudadano pueda llevar una denuncia ante el Sistema Interamericano contra su propio Estado, tiene que haber concluido el caso todas las instancias judiciales de su propio país y llevarla a la Comisión Interamericana de DDHH (CIDH), quienes analizarán la denuncia, de considerarla pertinente la elevan ante la Corte Interamericana de DDHH (Corte IDH).

Desafortunadamente con el correr de los años tanto la Comisión como la Corte IDH han sido copadas por la izquierda radical latinoamericana, actuando con ese marcado sesgo ideológico.

Por ello el Perú se retiró de la competencia contenciosa de la Corte IDH en Julio de 1999, desgraciadamente el gobierno de Valentín Paniagua nos volvió a su jurisdicción.

Luego de ello hemos vivido permanentemente sentencias de la Corte muy perjudiciales para el Estado Peruano, al obligar a indemnizar con altas sumas de dinero a integrantes de las Organizaciones Terroristas SL y TA, ignorando que generaron ríos de sangre en nuestro país, además de S/25,000 millones en pérdidas en infraestructura.

Escandaliza su accionar en los casos de nuestros comandos  Chavín de Huántar, procesados durante 17 años luego de una impecable operación de rescate de rehenes de la Embajada de Japón; el Frontón un combate donde los marinos que lo debelaron hace 38 años siguen procesados luego de una interpretación ilegal de la retroactividad; la revocación del indulto al Ex Presidente A. Fujimori pasando por encima de esa prerrogativa que es definitiva e irreversible y últimamente la admisión a trámite de un recurso del terrorista Polay, hacen que se debe tomar decisiones sobre nuestra permanencia en este politizado sistema. ¡Basta a su injerencia perniciosa!

Tenemos dos posibilidades: Denunciar el Tratado de la CADH y dejar el Sistema de DDHH de la OEA o retirarnos de la Competencia Contenciosa de la Corte IDH.