Siendo Congresista de la Región Ucayali en el 2012 y viendo que ingresaban impunemente narcoavionetas a la Provincia de Atalaya a recoger 400 Kg de cocaína por vuelo, presenté un Proyecto de Ley (PL) con el título de “Ley de Control, Vigilancia y Defensa del Espacio Aéreo”, para darle a nuestra Fuerza Aérea el marco legal para hacer respetar nuestra soberanía aérea.

Con mucha sorpresa tomé conocimiento posteriormente en la Comisión de Defensa Nacional del Congreso, que había una seria oposición de la Embajada de EEUU a esta iniciativa legislativa, debido a que el 20 de Abril del 2001 fue derribada una avioneta de misioneros norteamericanos por un avión de nuestra Fuerza Aérea, dirigido por un avión AWACS de los EEUU que disponía de un sofisticado sistema de radares.

Fue un lamentable error, donde el piloto de la avioneta incumplió las directivas que se le dieron aparentemente por fallas en las comunicaciones, falleciendo en esa ocasión cuatro personas de nacionalidad estadounidense. 

Esto originó que en los gobiernos sucesivos de los EEUU y en su Congreso, se implementaran medidas contra los países que hicieran interdicción contra aeronaves civiles en vuelo, sin importar que se trate de narcoavionetas, las que irónicamente sacan miles de kilos anuales de cocaína desde nuestro país hacia Bolivia.

Volviendo al Congreso, fueron tres años de luchas hasta que logré que se promulgara el 28 de Agosto del 2015 mi Proyecto de Ley, que se convirtió en la Ley 30339.

Debo resaltar que esa ley como muy pocas en el Congreso fue aprobada por unanimidad, todos los Congresistas votaron a favor en una excelente muestra de responsabilidad en un tema de Seguridad Nacional.

Luego de promulgada la ley, los EEUU reaccionaron negativamente colocándole una enmienda a nuestra Fuerza Aérea, suspendiéndole la venta de repuestos fabricados en su país, afectando la producción de los aviones KT-1P que eran coproducidos en nuestro país con Corea del Sur.

Finalmente nos hemos pasado 8 años en que las narcoavionetas se han paseado por nuestro país, en una grave incoherencia en la lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas (TID).

La destrucción de pistas de aterrizaje clandestinas nunca pudo contener estos vuelos, ya que estas son reconstruidas en pocos días.

Por otro lado, debo resaltar que la ley le da a la FAP amplias facultades para interceptar vuelos ilícitos, respetándose todos los compromisos asumidos por el Perú en defensa de la aviación civil.

En ella se deja muy claro que el Perú recurrirá al empleo de la fuerza contra una aeronave civil en última instancia, cuando esta ha sido declarada hostil, luego de haberse ejecutado las medidas de persuasión señaladas en sus artículos 11 y 12.

En conclusión, es una norma jurídica muy bien estructurada, participaron en su redacción abogados especializados de nuestra Cancillería y del Ministerio de Defensa.

Finalmente, en una nueva incoherencia el Presidente del Consejo de Ministros Alberto Otárola, hizo público el pasado Sábado 12 que el Ministro de Defensa, había logrado un acuerdo con los EEUU para reanudar la interdicción aérea NO LETAL contra las narcoavionetas.

Definitivamente, si se desaparecen las posibilidades de derribo los vuelos ilícitos no serán disuadidos.

Defendamos nuestra Soberanía Nacional como lo indica el Art. 165 de la Constitución y la ley 30339.