El 01 de junio la exdiputada boliviana Lidia Patty Mullisaca asumió el Consulado de Bolivia en Puno sin tener la credencial correspondiente de acreditación otorgada por nuestra Cancillería, haciéndolo en forma prepotente sin seguir el protocolo establecido internacionalmente para estos nombramientos, establecido en la Convención de Viena.
Posteriormente el 06 de junio nuestra Cancillería le notificó a su contraparte boliviana que no se aceptaba su designación como Cónsul en Puno.
¿Pero quién es esta exdiputada? Una operadora política ultra radical del Partido MAS que gobierna el vecino país, brazo derecho del Expresidente Evo Morales y que según lo expresado por el diputado boliviano José Manuel Ormachea trabajó en la Cancillería de dicho país en forma soterrada, llegando a ser funcionaria e incluso candidata a Embajadora en Paraguay.
Adicionalmente por diferentes fuentes bolivianas se conoce que Lidia Patty es una de las grandes perseguidoras en base a falacias de la ex presidenta de Bolivia Jeanine Añez y el ex Gobernador de Santa Cruz Luis Fernando Camacho, además de otros políticos, militares y policías.
Con este hecho queda demostrado una vez más el interés boliviano a través de Evo Morales por la Región Puno, donde quiere ejecutar el proyecto RUNASUR que busca crear la Nación Aimara, subvirtiendo el orden establecido en esa Región de nuestro país.
A través de esa organización que agrupa movimientos sociales y políticos de izquierda se pretende establecer una América Plurinacional, pasando por encima de la soberanía territorial de los Estados.
En el caso peruano infiltrados bolivianos vienen trabajando con este objetivo frente a una acción timorata del Gobierno, al no decidir la presidenta Dina Boluarte acciones drásticas contra estos elementos, ya identificados por nuestros servicios de inteligencia.
Luego de este impasse diplomático se debería proceder a expulsar de nuestro país a toda persona que se tengan sospechas de integrar esta peligrosa red, que pretende atentar contra nuestra soberanía nacional.
Adicionalmente están impulsando una insurrección contra el Estado Peruano en alianza con diversos grupos de ultraizquierda, para intentar una tercera toma de Lima a través de la violencia y generar muertos para victimizarse e inventar una narrativa que los favorezca, aprovechando que la mayoría de corresponsales extranjeros que trabajan en nuestro país son personas de izquierda y son sensibles a sus falsedades al presentarse como humildes ciudadanos.
No tomar acciones preventivas de esta naturaleza en una acción coordinada entre el Ministerio del Interior, la Cancillería y la Dirección Nacional de Inteligencia podría configurarse en el delito de Omisión de Funciones establecido en el Artículo 377 del Código Penal.
Finalmente, no deberían existir dudas sobre las decisiones que se deben tomar luego de analizar el presente y lo visto en Puno a lo largo de este año, donde queda claro que estamos sufriendo una abierta agresión de un sector político boliviano, que puede estar ocultando otros objetivos escondidos como sería la búsqueda de una salida a la mar soberana por el sur del Perú.
Estemos atentos a lo que viene sucediendo en nuestro país para responder como la hora actual demanda; ante esto no se deben limitar recursos económicos para el equipamiento y entrenamiento adecuado de nuestra Policía Nacional, que adicionalmente debe enfrentar a quienes promueven el caos financiado por el narcotráfico y la minería ilegal.