Desde que Pedro Castillo diera el 07 de Diciembre un Golpe de Estado visto a nivel nacional e internacional por millones de personas, se presume que se dio inicio a un plan que acompañaría esta decisión y que fue preparado meses antes, sus primeros pasos fueron los Consejos de Ministros Descentralizados donde se incentivaron las contradicciones entre nuestras clases sociales, llegándose al extremo de generar divisiones raciales entre los peruanos, lo que mantuvo en tensión a nuestra ciudadanía que vivía escandalizada con los escándalos de corrupción en el gobierno.

Luego del fallido intento del Comunismo Castro-Chavista-Boliviano de apropiarse dictatorialmente del Estado, se iniciaron los bloqueos de carreteras, saqueos y ataques a cinco aeropuertos del país que constituyen objetivos estratégicos, siendo considerados a nivel internacional como actos terroristas.

Me refiero a los de Ayacucho, Arequipa, Andahuaylas, Cusco y Juliaca y que recibieron un total de 18 ataques, donde se produjeron la mayoría de fallecidos entre la población civil, al verse obligados las Fuerzas del Orden al uso legítimo de la Fuerza, como está especificado en diversos dispositivos legales.

Se llegó al extremo de realizar cerca de 100 bloqueos a diferentes carreteras de nuestro país, secuestrando diversas ciudades afectando a millones de personas, impidiendo el normal desarrollo de sus actividades y sometiéndolos a la escasez y aumento de precios de los productos de primera necesidad.

La falta de valores y respeto a la vida humana los llevó a incendiar cinco ambulancias y a dañar otras catorce, impulsando la muerte de 11 personas que no pudieron ser atendidas a tiempo por los bloqueos.

Se intentó tomar la ciudad de Lima movilizando a miles de personas, fracasando en su intento.

Quedó demostrado los millones de soles que financian estas protestas, presumiblemente con dinero del Tráfico Ilícito de Drogas, Minería Ilegal y de grupos políticos del Foro de Sao Paulo.

En total según la Defensoría del Pueblo murieron 66 personas, entre ellas un policía masacrado y quemado vivo, quedando 580 efectivos policiales heridos y más de 1,000 civiles como producto de diversos enfrentamientos.

Actualmente la Región Puno permanece con diversos bloqueos que afectan seriamente a la población; preocupa que próximamente impedirán el inicio del año escolar, agravando las consecuencias sociales de estos actos penados en el Código Penal.

El Ministerio de Economía y Finanzas ha calculado que se han perdido S/2,425 millones en dos meses de ataques a la sociedad peruana.

Actualmente estamos en un período de pausa, debemos reflexionar y convencernos que los ataques van a continuar, al disponer los violentistas de los recursos económicos para hacerlos, podrían inclusive utilizar mayor virulencia, por lo que las Fuerzas del Orden (Policía y FFAA) deberían aprovechar este tiempo para reequiparse con armas no letales y del material de protección para su personal, realizando agresivos programas de preparación y entrenamiento; rompiendo los altos mandos los paradigmas que dificultan la actuación institucional en el control de turbas.

Por otro lado, es muy oportuno el Proyecto de Ley que ha presentado el gobierno al Congreso y que debería ser aprobado rápidamente excluyéndolo de comisiones, plantea incrementar penas en los delitos de extorsión, bloqueos, toma de locales en estados de emergencia.

No desmayemos en defender nuestra democracia con la Constitución, las leyes y el uso legítimo de la fuerza.