El 19 de Enero se llevó a cabo una movilización de manifestantes hacia Lima de diversas provincias principalmente del sur de nuestro país, se calcula que fueron 4,000 personas que llegaron en buses interprovinciales, camiones y modernas camionetas.

Un desplazamiento que traducido en dinero demuestra el poder económico de quienes la promovieron, podrían estar vinculados a la minería ilegal, el narcotráfico y a los Servicios de Inteligencia de algunos países que no han reconocido al gobierno de Dina Boluarte.

Como era de esperarse entre los manifestantes se ocultaron instigadores de violencia de diferente fuente, como ex terroristas de la OT Sendero Luminoso, subversivos y delincuentes debidamente financiados.

En su intento de tomar el Congreso fueron repelidos con gases lacrimógenos por la PNP, mientras los agredían con huaracas, piedras, adoquines de diferente dimensión que sacaban de las veredas que destruyeron, además lanzaron con irresponsabilidad pirotécnicos, siendo muy probable que estos hayan originado el incendio que destruyó el histórico edificio Marcionelli ubicado cerca de la Plaza San Martín.

También varios cientos de personas irrumpieron en la Universidad de San Marcos en forma ilegal, para posteriormente hacerse de los chalecos y diversos implementos del personal de una empresa privada que estaba a cargo de la seguridad de esa casa de estudios.

Luego de dos días fueron desalojados por la policía al haber actuado delictivamente y en flagrancia.

Todo esto sucedió en una ciudad que está en Estado de Emergencia, estando suspendidos los derechos fundamentales de reunión y de desplazamiento, así como la inviolabilidad domiciliaria.

Eso nos hace deducir que el gobierno ha sido muy permisivo con esta protesta, la que debería haberse prohibido de acuerdo a nuestro marco legal, para proteger la vida de nuestros ciudadanos y la propiedad pública y privada.

Debe destacarse el despliegue y el accionar policial realizado que evitó se concretaran los objetivos de los violentistas, a pesar de que nuestra policía está pésimamente equipada con armas no letales; en el mundo hay un desarrollo importante de ellas, las hay eléctricas, sónicas etc. que no se dispone.

Preocupa asimismo verlos sin el equipamiento adecuado, me refiero a que tienen escudos y cascos deteriorados, no disponen de máscaras antigases y tampoco de otros equipos de protección.

Definitivamente el Ministerio del Interior debe encarar con urgencia un programa de reequipamiento a la PNP para enfrentar disturbios civiles.

Cabe destacar que mientras sucedían estas revueltas en Lima, en el interior del país se mantenían 100 bloqueos de carreteras y se atacó en forma coordinada y a la misma vez los aeropuertos de Arequipa, Cusco y Puno, así como a más de 40 comisarías y locales públicos y privados en dichas regiones.

Queda claro que estamos frente a acciones terroristas y subversivas debidamente planificadas, las que buscan debilitar la presencia del Estado, esto agravado con una corriente de opinión sobretodo en Puno de bolivianizar el Perú, para impulsar el RUNASUR que promueve Evo Morales y que se ha complicado con la intromisión inadmisible del Presidente Boliviano Luis Arce en los asuntos internos de nuestro país, en declaraciones dadas el pasado 22 de Enero.

Finalmente debemos concluir que estamos frente a una agresión Castro Chavista Boliviana con implicancia internacional, la que proviene de varios países, del Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla.