Como muchos analistas políticos sospechaban, el Presidente del Consejo de Ministros Aníbal Torres no quiso dejar el gobierno renunciando a su cargo, sino presentando una Cuestión de Confianza a todas luces ilegal, para propiciar que si no era aceptada se produjera la crisis total del gabinete, dándose cumplimiento al At. 133 de la Constitución.
Lo hizo el 17 del presente mes sobre un Proyecto de Ley que presentó para derogar la Ley 31399, que fortalece el proceso de aprobación de leyes de reforma constitucional regulado en los artículos 40 y 44 de la ley 26300, que se refieren a los procedimientos para convocar a referéndum, dejando claramente especificado que necesariamente se debe pasar por la aprobación correspondiente en el Congreso, como lo establecen los Art. 32 y 206 de la Constitución.
Una jugada política que ocultaba que anteriormente el Poder Ejecutivo había denunciado esta ley ante el Tribunal Constitucional (TC), pidiendo que sea declarada inconstitucional lo que fue rechazado el 24 de Noviembre por este órgano supremo, que es el máximo intérprete de la constitucionalidad.
Ese mismo día la Mesa Directiva del Congreso rechazó la Cuestión de Confianza presentada por tratarse de materias prohibidas para el planteamiento de la misma.
Para ello hay sustentos legales y constitucionales como lo establecido en la Ley 31355 que se promulgó el 21 de Octubre del 2021 y que su constitucionalidad ha sido ratificada por el TC.
Se especifica claramente que el Poder Ejecutivo puede plantear una Cuestión de Confianza en materias de su competencia, relacionadas directamente a la concreción de su política general de gobierno, no encontrándose entre ellas las relativas a la aprobación o no de reformas constitucionales, ni las que afecten los procedimientos y las competencias exclusivas del Congreso.
Adicionalmente, el Reglamento del Congreso que tiene fuerza de ley, fue modificado en Noviembre del 2021 indicando el Art 86 inciso “d” que la Mesa Directiva rechazará de plano cualquier proposición de confianza que tenga por finalidad la supresión de la esencia de alguna cláusula de intangibilidad de la Constitución, la aprobación o no de iniciativas de reforma constitucional, las que interfieran en las competencias exclusivas y excluyentes del Congreso o que condicionen el sentido de alguna decisión de ese Poder del Estado bajo término o plazo para el pronunciamiento.
A pesar de estos fundamentos legales y constitucionales Castillo exacerbó la crisis política interpretando que se negó la primera Cuestión de Confianza al haber sido rehusada, procediendo a continuación a remover de su cargo al Presidente del Consejo de Ministros A. Torres y desencadenando la crisis total del gabinete.
Esta decisión sin sustentos la realiza el gobierno por su obsesión de disolver el Congreso para llevarnos a una Asamblea Constituyente, aprovechando el desconocimiento de la población sobre temas jurídicos y que la denegación fáctica de la Confianza que utilizó el ex Presidente Vizcarra en el 2019 para disolver el Congreso no es posible utilizarla ahora, por la legislación explicada anteriormente que entró en vigencia en el 2021 y que ha sido avalada por el Tribunal Constitucional.
Finalmente, el Congreso ha presentado una Demanda Competencial y una medida cautelar contra el Ejecutivo ante el Tribunal Constitucional, pudiendo proceder también una acusación constitucional contra el Presidente Castillo y todo el Gabinete Torres.