El 20 de Setiembre pasado el presidente Castillo en el debate general de la 77° Sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas dejó claramente especificado que su gobierno apoya la ratificación del Acuerdo de Escazú que trata sobre el acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales, fue firmado por nuestro país el 04 de marzo del 2018 en la ciudad costarricense de ese nombre junto con 22 países de América Latina y el Caribe.

Al ser un Tratado este Acuerdo debe ser aprobado por el Congreso antes de su ratificación por el presidente de la República, para su implementación con rango constitucional de acuerdo con el artículo 56 de nuestra Constitución.

Primero tendría que ser aprobado en la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso para ser visto en el Pleno, sin embargo, ya ha sido desaprobado dos veces en dicha Comisión por una serie de consideraciones.

La principal objeción está en que se pretende que perdamos operatividad sobre el territorio nacional, principalmente sobre nuestra Amazonía que constituye el 52% del mismo relativizando la concepción de Soberanía, convirtiéndose en el primer paso para otro que sectores ambientalistas radicales quisieran llevarnos, me refiero a que la Amazonía sea declarada patrimonio de la humanidad como la Antártida.

Se busca con este Acuerdo crear un nuevo Derecho Humano que no es el aceptado por el Perú en la Convención Interamericana de DDHH y que hace posible que cualquier ciudadano pueda recurrir a la Comisión y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos si sus derechos fueran afectados.

Lo que se busca ahora es entrelazar este derecho con el territorio y el medio ambiente, de tal manera que la Corte Interamericana de Derechos Humanos tendría que definir cualquier situación planteada por cualquier persona natural o jurídica asentada en nuestro país, como lo son las 1,704 ONGs registradas en la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), las que pasarían a constituirse en titulares de la acción pudiendo denunciar y paralizar una carretera, trocha, línea férrea, inversión minera, petrolera, gasífera o forestal u otras actividades, afectando el desarrollo socioeconómico de nuestro país.

En el caso de que un país denuncie a otro por visualizar que se estuviera afectando el medio ambiente con alguna iniciativa que se estuviera ejecutando, lo definiría un Arbitraje Internacional o la Corte Internacional de Justicia de la Haya.

¿Necesitamos los peruanos este tipo de intromisiones externas sobre decisiones que se toman en nuestro territorio, teniendo un marco constitucional y leyes que tratan sobre los temas que este Tratado pretende titular?

¡Definitivamente no! Hoy cualquier ciudadano puede hacer un requerimiento de información pública y el Estado está obligado a entregársela.

Entre otras normas de nuestro marco jurídico tenemos la ley de Consulta Previa, para proteger los derechos colectivos de las Comunidades Nativas.

Como vemos tenemos que estar muy atentos porque con iniciativas adornadas con discursos convincentes aparentemente inofensivos, se esconden las intenciones de grandes lobbies internacionales de ir tomando control de nuestra Amazonía bajo el paraguas de la protección de nuestros bosques y de la biodiversidad, ante la amenaza del cambio climático que irónicamente han generado los países del primer mundo al emitir el 91% de los gases de efecto invernadero.