El mundo vive amenazado por el cambio climático que puede llevar a la destrucción de la vida en todas sus formas en nuestro planeta, originado principalmente por las naciones desarrolladas del primer mundo ubicados en el hemisferio norte.

Estos países emiten el 91% de los gases de efecto invernadero que producen esta preocupante alteración por el desenfreno de las sociedades de bienestar que han creado, generando un consumo exorbitante de combustibles fósiles agravado con la destrucción de la vida silvestre, ante el avance de la urbanización que ha impulsado mediante el desarrollo de gigantescos polos de desarrollo en las ciudades.

En contraposición América Latina por su escaso desarrollo solo emite el 4% de estos gases y el Perú el 0.04%, manteniendo extensos bosques en nuestra Amazonía que captan un porcentaje del Dióxido de Carbono que ellos emiten, mitigando el daño climático producido, desafortunadamente en medio de la pobreza que circunda a este pulmón de la humanidad.

Preocupa que a pesar de los esfuerzos realizados a nivel internacional la emisión de gases de efecto invernadero no ha disminuido sustancialmente, ya que originaría sacrificios que los países desarrollados no están dispuestos a afrontar, además sus industrias perderían mucho dinero si se hiciera abruptamente el cambio de sus matrices energéticas, por ello financian a las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) y presionan en Organismos Internacionales como la ONU, para asegurarse una mayor mitigación mediante la intangibilidad de los bosques, principalmente amazónicos.

Por ello vemos un aumento considerable de ONGs Ambientalistas que se vinculan con nuestras Comunidades Nativas, con una prédica contra su desarrollo que les permitiría mejorar sus condiciones de vida saliendo de la pobreza.

Entre otros temas se oponen a las vías de comunicación terrestres de todo tipo, sean estas ferroviarias, caminos, trochas o carreteras, impulsando el aislamiento que lleva a la pobreza en un mundo globalizado.

Por lo anteriormente expuesto la ONU a través de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) impulsa que el Perú ratifique el Acuerdo de Escazú firmado por 22 de los 33 países de América Latina y el Caribe, pero solo ratificado por diez.

Este Acuerdo ya fue archivado en el año 2020 en la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, sin embargo, el Presidente Castillo, su Canciller Landa y nuestro Embajador ante las Naciones Unidas Rodríguez Cuadros, lo impulsan a pesar de múltiples cuestionamientos; mencionaré algunos:

Se subordina la toma de decisiones sobre el empleo de los recursos naturales de los Estados, a la dinámica e intereses de los Organismos Internacionales o de Actores Internacionales, como las ONGs que no tienen ningún compromiso directo con el Estado Peruano.

Las controversias ambientales y de empleo de nuestros recursos naturales serían resueltas por la Corte Internacional de Justicia, desconociéndose nuestro ordenamiento Constitucional al restringir la toma de decisiones de nuestras instituciones, provocando injerencias inaceptables sobre nuestra Soberanía e Integridad territorial.

Se producirían nuevas fuentes de conflictos ya que personas naturales, ONGs y Organismos Internacionales podrían impedir la construcción de vías de comunicación, proyectos de inversión y uso de nuestros recursos naturales.

Como vemos debemos estar muy atentos ante estas iniciativas que presenta el nuevo Orden Internacional, las que pueden terminar afectando principalmente el desarrollo de nuestra Amazonía y la lucha contra la pobreza.