Los peruanos estamos inmersos en una crisis política que ya tiene varios años, la que se ha agudizado con la llegada de Pedro Castillo a la Presidencia de la República con un programa de gobierno recogido del Foro de Sao Paulo, para llevar al Perú al eje Castro Chavista, al que ya hemos pertenecido en el gobierno de Velasco y que nos llevó a la ruina con la estatización de nuestra economía, retrasando el desarrollo de nuestro país por veinte años, para terminar luego inmersos en el ataque canallesco a nuestra sociedad por parte de las Organizaciones Terroristas Sendero Luminoso y Túpac Amaru, haciendo correr ríos de sangre en nuestro país.
Luego de esos hechos dolorosos de nuestra historia, suena irónico que, basados en resentimientos sociales y culturales, haya un sector de la ciudadanía que ignorando la historia y en base a un discurso populista que agudiza contradicciones, quisiera volver a vivir lo sufrido por los peruanos en las décadas de los 70s y 80s del siglo pasado.
Como es lógico suponer una mayoría de nuestra población se opone a transitar por esa ruta, la que está representada en el Congreso y que tiene como misión fiscalizar al gobierno y legislar para protegernos de los intentos ocultos de llevarnos a una dictadura.
Por ello se han agudizado los enfrentamientos entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, donde tercamente el gobierno quisiera llevarnos hacia una Asamblea Constituyente, para cambiar la Constitución mediante caminos democráticos que han fracasado por no disponer de los votos necesarios en el Congreso y con iniciativas no democráticas incentivando irresponsablemente a la población para cerrarlo.
Esto último obligaría a las Fuerzas Armadas y Policiales a impedirlo en cumplimiento del Artículo 38 de la Constitución que dispone que todos los peruanos deben cumplirla y defenderla, ya que no estaríamos frente a una trasgresión sino a un incumplimiento flagrante de la Carta Magna, ya que el Congreso no se puede cerrar, solo se puede disolver de acuerdo a lo indicado en el Art. 134 de la Constitución, el cual autoriza al Presidente hacerlo si una Cuestión de Confianza es denegada dos veces por el Congreso, debiendo el decreto contener las elecciones de nuevos Congresistas en máximo cuatro meses.
Para evitar arbitrariedades del Poder Ejecutivo con el uso de la Cuestión de Confianza contra el Congreso, que podría desencadenar en su disolución, se logró por Insistencia la Ley 31355 Ley que Desarrolla el Ejercicio de la Cuestión de Confianza publicada el 21 de octubre del 2021.
Esta norma jurídica establece que el Poder Ejecutivo puede plantear una Cuestión de Confianza en materias de su competencia, relacionadas directamente a la concreción de su política general de gobierno, no encontrándose entre ellas las relativas a la aprobación o no de reformas constitucionales, ni las que afecten los procedimientos y las competencias exclusivas y excluyentes del Congreso o de otros organismos autónomos.
Como podemos ver, a pesar de que quisiéramos que las cosas se hagan más rápido, el Congreso ha salido airoso en la defensa de la Constitución, camino que debe continuar su nueva Mesa Directiva, esperando la oportunidad de proceder a la vacancia Presidencial si existen los votos para lograrla o al adelanto de elecciones generales.