Según el Art. 166 de la Constitución la Policía Nacional del Perú tiene por finalidad fundamental garantizar, mantener y restablecer el orden interno…

Como es lógico, para el cumplimiento de sus funciones la PNP debe estar adecuadamente dotada con las armas y equipos que le permitan garantizar la vida de su personal, evitando la ocurrencia de hechos lamentables en su trato con la población.

No menos importante es la instrucción y el entrenamiento que se les debe prestar a sus efectivos, inicialmente en las Escuelas de Suboficiales y en la Escuela de Oficiales y luego en las unidades donde prestan servicios, para alcanzar un nivel de profesionalismo adecuado que les permita actuar con firmeza, evitando excesos en el uso de la fuerza, con el fin respetar los DD.HH. de la población.

En este último punto se tiene que mantener un equilibrio sin dejar desprotegidos a los efectivos policiales, de tal manera que no se termine por violentar sus DDHH, a los que también tienen derecho.

En ese sentido es muy importante la aplicación del principio de proporcionalidad, como lo indica el Reglamento del Decreto Legislativo que regula el uso de la fuerza por parte de la PNP: “El nivel de fuerza y los medios empleados para alcanzar el objetivo legal buscado, deben ser concordantes y proporcionales a la resistencia ofrecida, la intensidad de la agresión o amenaza, la forma de proceder y el peligro que representa la persona a intervenir”.

Sin embargo venimos observando desde un tiempo atrás, que en lo que se refiere a control de turbas nuestros efectivos policiales son enviados a enfrentarlas únicamente con su casco, una vara de ley y un escudo, mientras son agredidos con impunidad a pedradas, carretillas de basura encendidas, botellas de vidrio y otros materiales cortantes, colocando a quienes deberían tener el monopolio del uso de la fuerza en inferioridad de condiciones frente a los revoltosos, perdiendo el principio de autoridad en forma censurable e inadmisible; para muestra en los disturbios del 05 de Abril pasado se tuvo 25 policías heridos y solo 12 vándalos detenidos.

No debemos olvidar que el 08 de Mayo del 2015 el Brigadier PNP Alberto Vásquez Durán (51), fue asesinado a pedradas por una turba durante las protestas antimineras contra el proyecto Tía María estando desarmado, una omisión censurable de sus superiores, ya que un efectivo policial en todo el mundo siempre porta su arma de reglamento.

Estos hechos en pleno siglo 21 son dolorosos e inaceptables; para evitarlos y no cometer excesos con la población, se vienen desarrollando en el mundo una amplia gama de armas no letales que permiten que los policías no pierdan su principio de autoridad, detengan a los agresores y controlen a los revoltosos sin generar muertos que lamentar.

En el caso nuestro solo se dispone de escopetas con cartuchos de goma; países como Canadá y EE.UU. disponen adicionalmente de armas eléctricas como las pistolas Táser, que permiten inmovilizar por varios minutos a una persona y detenerla.

Definitivamente la policía tiene que ser respetada, para lograrlo deben disponer de armas no letales de última generación existentes en el mercado y no abdicar frente a los que impulsan mantenerla desarmada, sin importarles los DDHH del personal policial.