El Perú vive momentos de tensión al estar permanentemente en crisis política, al mantener el gobierno como objetivo principal de su gestión destruir las estructuras del Estado, para construir uno nuevo, siguiendo dictados ideológicos que a través de la historia no han tenido éxito y que hoy los vemos en el drama Cubano y Venezolano, así como en utopías basadas en resentimientos sociales como las que impulsa Evo Morales, que pueden llegar a generar más sangre en nuestro país, como si no hubiera sido ya dramático lo sucedido durante la agresión terrorista de SL y el MRTA, sin lograr mejores condiciones de vida para la población.

Al otro lado tenemos a quienes defienden la democracia que se ha construido en el Perú con sangre sudor y lágrimas a través de la historia y que sus fundamentos se encuentran claramente especificados en nuestra Constitución, aprobada mediante un referéndum que la legitima y que ha permitido en sus años de vigencia, avanzar sustancialmente en la lucha contra la pobreza y en el desarrollo de nuestro país.

Todo esto se produce en un contexto internacional que no puede dejarse de lado, ya que los avances tecnológicos desarrollados en los últimos años en medio de importantes cambios políticos en las relaciones entre las naciones, nos han llevado a vivir en una Aldea Global, generándose una gran competencia a nivel mundial para atraer inversiones, que son la fuente de generación de empleo digno que requieren nuestros jóvenes, que anualmente salen a buscar un puesto de trabajo luego de concluir sus estudios técnicos y/o universitarios.

En este panorama en forma irresponsable Pedro Castillo viene impulsando su ya mencionado Objetivo Principal, para lo que requiere cambiar la Constitución, generando inestabilidad política y por ende desconfianza en la inversión privada, lo que se refleja en la salida del país de US$18,000 millones el año pasado, además de infiltrar el Estado con personas sin capacidades éticas y profesionales, pero útiles para sus planteamientos.

Todo este accionar ha llevado a generar un fuerte enfrentamiento político entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, originando que el gobierno tenga en la actualidad el 69% de desaprobación (Encuesta Ipsos), que como es lógico preocupa al gobierno, sin embargo, han avanzado en infiltrar el Estado de acuerdo a sus intereses con un alto costo político, amenazando con el cierre del Congreso con algunas voces exasperadas, inclusive fuera del marco constitucional.

Por otro lado, el Poder Legislativo viene logrando algunas leyes que le están cerrando el paso a la inconstitucional Asamblea Constituyente, además de estarse procesando una Acusación Constitucional por traición a la patria contra Castillo, manteniendo la amenaza de vacancia presidencial.

Ante esta situación el gobierno pretende una tregua sin dar ningún paso atrás, para tratar de recuperar su base social en base a asistencialismo y agudizando contradicciones, movilizando además a la población contra el Congreso.

Definitivamente esta no debe ser concedida hasta que el gobierno renuncie a su Objetivo de impulsar un cambio Constitucional, que impulsaría más fuga de capitales y por ende la ruina económica de nuestro país, afectando a todos los peruanos.

Finalmente, el Poder Legislativo jamás debe renunciar a ejercer un firme control político sobre el Poder Ejecutivo, base fundamental del equilibrio de poderes en una democracia.

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