Vivir en democracia significa cumplir la Constitución, las leyes y las sentencias judiciales. Esto mismo está establecido en el Art. 38 de nuestra actual Carta Magna que indica textualmente:

“Todos los peruanos tienen el deber de honrar al Perú y de proteger los intereses nacionales, así como de respetar, cumplir y defender la Constitución y el ordenamiento jurídico de la Nación”.

Como podemos observar no exime a nadie, incluye a civiles y militares, cada quien con las prerrogativas y medios que dispone está en la obligación de defenderla, al tratarse del principal sustento de nuestra democracia, por eso se le denomina la ley de leyes.

Al existir actualmente un sector de la ciudadanía que quisiera cambiarla totalmente, lo mínimo que todo ciudadano responsable debería hacer es leerla, para no dejarse manipular por intereses políticos muchas veces ocultos, los que al final pueden terminar afectando el destino de nuestro país y de nuestras familias.

Venimos escuchando a diversos voceros del Partido Político Perú Libre mencionar algunos de sus fundamentos para cambiarla, entre otros mencionan que no está establecido el derecho a la salud; sin embargo, el Art. 7 lo desarrolla, indica que “Todos tienen derecho a la protección de su salud, la del medio familiar y la de la comunidad” …, lo complementa el Art. 11 que indica que el “Estado garantiza el libre acceso a las prestaciones de salud”.

Con relación a la educación también ponen objeciones, parece que no han leído que está desarrollado ampliamente entre los artículos 13 al 19, garantizándose su gratuidad y la libertad de enseñanza, así como su obligatoriedad en los niveles inicial, primario y secundario.

Critican asimismo el Art. 62 que le da seguridades al capital privado mediante contratos ley; especifica que los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones, es decir por temas políticos, pueden hacerlo como corresponde en una democracia por la vía judicial o arbitral.

Sino existiera una protección de este tipo en un país tan inestable políticamente como el Perú, simplemente las inversiones no se realizarían, siendo fuentes de generación de puestos de trabajo dignos; única forma de salir de la pobreza.

Como vemos los fundamentos que se presentan para engañar a la población no están sustentados técnicamente, cambiarla no les garantizará mejorar sus condiciones de vida, será al revés, generará más pobreza y miseria como ha sucedido en Cuba, Venezuela y Bolivia.

Se oculta convenientemente que lo que se busca incluir es la reelección presidencial permanente para perennizarse en el Poder. Por eso se está realizando una lucha frontal contra este intento en el Congreso.

Ahí se aprobó recientemente un Proyecto de Ley que modifica la Ley de Derechos de Participación y Control Ciudadanos (Ley 26300) y que reafirma que la convocatoria a un referéndum para cambiar la Constitución a través de una Asamblea Constituyente necesariamente debe pasar por el Congreso.

Como está establecido pasó para la firma del presidente, de tal manera que se convierta en Ley, sin embargo, la Observó, regresó al Congreso y se ha aprobado por Insistencia.

De esta manera ha nacido una nueva Ley, muy importante para nuestra Democracia y que es de obligatorio cumplimiento.

Con falta de visión el gobierno pretende denunciarla al Tribunal Constitucional.