En pocos días se inicia la ejecución del Presupuesto General de la República del 2022 que llega a 197,002 millones de soles; este monto es 7.6% superior al del 2021, en cifras el aumento es de 13,972 millones de soles.

Para educación se destinará el 18% del presupuesto, 11% salud. 11% deuda pública, 10% transportes y 7% orden público y seguridad.

Para los Gobiernos Regionales se han destinado 35,552 millones de soles que representa el 18% del presupuesto y a los Gobiernos Locales 21,571 millones de soles que representa el 10.9%.

Para el Gobierno Regional de Ucayali se destinan 1,968 millones de soles, incluyendo el pliego, gastos corrientes y gastos de capital.

Como podemos observar los montos de nuestro presupuesto nacional no son poca cosa, ahora corresponden a un país de mediano desarrollo; es 4.4 veces más grande que el de 1993 que fue de 44,516 millones de soles y así hay quienes persisten en querer cambiar la Constitución que ha impulsado el crecimiento económico del Perú.

La realidad es que el gran problema que subsiste es la ineficiencia de nuestro gobierno nacional, regionales y locales para ejecutar el gasto, “Solo en el 2020 se devolvieron 17,000 millones de soles, siendo los más ineficientes los gobiernos regionales y locales que ejecutaron solo el 65% y 53% de su presupuesto” (Oswaldo Molina-El Comercio 13/12/2021).

En eso debería centrarse la política económica del gobierno, traduciéndose primeramente en nombrar en cargos de responsabilidad a profesionales debidamente capacitados, que puedan preparar buenos proyectos y que no terminen engrosando las 2,445 obras, que según declaraciones del Contralor General de la República Nelson Shack, están paralizadas en todo el Perú hasta Setiembre de este año, cuyo valor supera los 18,360 millones de soles.

Desafortunadamente, el gobierno central viene nombrando funcionarios por su identificación ideológica y no por sus capacidades, augurándose que no se solucionará este problema que desatiende a la población, generando malestar y reclamos como se observa a diario en la minería, donde no se invierte el 43% del canon minero pagado por las empresas y queda engrosando las arcas del Estado sin beneficiar a nadie.

El problema es serio, se agrava más con los índices de corrupción, que origina miles de millones de soles en pérdidas; como sino fuera suficiente, tenemos a Pedro Francke ministro de Economía, empecinado en cargar con más impuestos a los que ya hoy los pagan, sin preocuparse en ampliar la base tributaria del país, donde el 80% trabaja en la informalidad sin pagar un sol al Estado.

No contentos con todas estas falencias el presidente Castillo sigue manteniendo como objetivo principal de su gobierno generar un nueva Constitución, a través de una Asamblea Constituyente anticonstitucional, generando incertidumbre y la fuga al exterior en este año de US$15,000 millones, que como es lógico ha impulsado la caída del valor del sol frente al dólar y el incremento de precios de la canasta básica familiar, empobreciendo a todos los peruanos.

Haciendo populismo el gobierno aumenta algunos subsidios y genera más bonos para beneficiar supuestamente a los más pobres, mientras los empobrece con políticas económicas erradas.

En conclusión, el panorama de nuestra economía es desalentador para el 2022, se augura un magro crecimiento que podría terminar en una regresión.