Han transcurrido cien días desde que Pedro Castillo asumió la Presidencia de la República, dejando claro que al tomar decisiones prioriza la ideología que profesa, radical de izquierda, sobre cualquier otra consideración, incluso las relacionadas al idoneidad profesional y ética de las personas que lo acompañan en su gobierno; mereciendo críticas de todos los colores políticos, más lamentable aún es el encarecimiento de la canasta básica familiar, al generarse desde el gobierno desconfianza e incertidumbre en los actores económicos, produciéndose la salida del país de US$18,000 millones de dólares,

En forma innecesaria inició su gobierno con un Gabinete polarizante, colocando como presidente del Consejo de ministros a Guido Bellido, un ultra radical de izquierda que terminó enfrentado con él mismo, colocando además al ex guerrillero Héctor Béjar como Ministro de Relaciones Exteriores.

Como era de esperarse con estos nombramientos y otros igual de escandalosos, el sol frente al dólar se devaluó, arrastrando un alza de precios que afecta a la población más pobre del Perú, incumpliendo su promesa de campaña de impulsar la economía para generar puestos de trabajo dignos.

Su insistencia en derogar la Constitución de 1993 a través de una Asamblea Constituyente inconstitucional, ha instalado un ambiente de incertidumbre innecesario, en un país que trata de salir de una grave crisis sanitaria y económica que ha originado la pérdida de más de un millón de puestos de trabajo, ahuyentando las inversiones que son generadoras de los mismos, imprescindibles en un país minero como el Perú que requiere invertir en exploración, por la gran cantidad de minerales que yacen en su subsuelo sin beneficiar a nadie.

Cabe mencionar que a través de nuestra historia solo hemos extraído el 20% de nuestra riqueza minera, vislumbrándose hacia el futuro inmediato una continua alza del precio del cobre que abunda bajo tierra, solo en el tema automotor un auto eléctrico tiene cinco veces más cobre que uno convencional.

El presidente Castillo agravando la difícil situación económica de nuestro país, se refirió a la expropiación/nacionalización del gas de Camisea, indicando que debería prepararse un Proyecto de Ley con el Congreso para ese fin.

Al insistir en este planteamiento, muestra que no tiene el mínimo respeto por la Constitución o que desconoce el costo de lo que plantea, ya que para expropiar ese yacimiento se tendría que pagar por adelantado entre US$30,000 a US$60,000 millones de dólares, como lo establece el artículo 70 de la Constitución.

Parece que desconociera que el mundo actual es muy diferente al de 1968, cuando el General Velasco al asumir el gobierno tomó las instalaciones de la Brea y Pariñas a mano militar, lo que muchos no saben es que años después tuvo que pagar el costo de la expropiación.

Ahora a nivel internacional tenemos organismos como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), es la institución líder en arbitraje y conciliación de diferencias entre inversionistas y los Estados y a donde pueden recurrir las empresas afectadas de cualquier ilegalidad.

De no pagar una expropiación, se pueden iniciar decomisos y embargos contra el país deudor luego de un Proceso Arbitral, además de otras sanciones.

En conclusión, cien días que originan gran preocupación sobre nuestro futuro y el de nuestros hijos.