La Oficina de Control de Drogas de la Casa Blanca en EE. UU. hizo públicas el 25 de junio sus estimaciones sobre el cultivo de hoja de coca y la producción potencial de cocaína en los países andinos, el Perú entre ellos, mencionando un incremento importante de ambas cifras en los últimos años, sobre todo en el 2020:

Año                    Cultivos de Hoja de Coca                      Producción Potencial de Cocaína

2020                              88,200 Ha.                                                     810,000 kg.             

2019                              72,000 Ha.                                                      649,000 kg.

2018                               52,100 Ha.                                                      527,000 kg.

2017                               49,800 Ha.                                                      481,000 kg.

Estas cifras son preocupantes ya que el narcotráfico es uno de los grandes impulsores de la inseguridad ciudadana, al aumentar el consumo de cocaína en nuestros jóvenes, además de financiar al narcoterrorismo que subsiste en el VRAEM, los que están elaborando droga sin cesar, buscando nuevas rutas para colocarlas en el mercado.

Esta situación viene afectando a nuestra Región Ucayali, principalmente a la provincia de Atalaya que está conectada a esta sensible área de nuestro país a través de los ríos Apurímac, Ene, Tambo y Urubamba.

Se refleja esto al haber aumentado las pistas de aterrizaje clandestinas que reciben los vuelos ilícitos de narcoavionetas y que transportan 400 Kg. de cocaína cada una, a pesar de que está vigente la Ley 30339 de mi autoría, que le da a la Fuerza Aérea amplias facultades para interceptar vuelos ilícitos, respetándose los Tratados que el Perú es parte y otras normas del Derecho Internacional sobre la materia.

Otra ley que logré en el Congreso y que tampoco se le da cumplimiento es la Ley 30796 Ley que Autoriza la Participación de las FFAA en la Interdicción contra el Tráfico Ilícito de Drogas, en Zonas Declaradas en Estado de Emergencia.

Mediante esta ley se autoriza que el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea actúen contra el narcotráfico independientemente, sin necesidad de presencia policial, poniendo los detenidos, droga decomisada y especies a disposición de la PNP, con conocimiento del Ministerio Público.

Irónicamente existen resistencias para su cumplimiento por parte de la PNP y de las FFAA, los primeros aduciendo que la función de Interdicción al Tráfico Ilícito de Drogas (TID) les compete exclusivamente a ellos y los segundos por considerar que no es de su competencia. Lamentablemente estos paradigmas afectan las operaciones.

Para terminar de deteriorar más la lucha contra el tráfico de cocaína, no se está erradicando cultivos ilícitos de hoja de coca; además este gobierno ha presentado al Congreso en su proyecto de ley del Presupuesto General de la República para el 2022, una propuesta para reducir en un 47% la financiación de las Operaciones Militares y Policiales contra el narcoterrorismo en el Vraem, rebajando el presupuesto de 111 millones de soles del 2021 a 53 millones para el 2022.

Por otro lado, se vienen cambios de personal en DEVIDA y se estaría proponiendo al frente de esta organización a un representante de los cocaleros.

Como podemos ver se está formando un escenario nefasto en la Lucha contra el Narcotráfico, que podría colocar a nuestro país en una posición delicada ante la Comunidad Internacional, pudiéndose originar sanciones si el Perú no colabora como le corresponde en esta lucha.

Esperemos que esto no suceda y que el narcoterrorismo del Vraem sea definitivamente derrotado.