Base social deteriorada

A un mes de asumir el Poder el gobierno de Pedro Castillo se viene deteriorando rápidamente, lo dice el IEP “Instituto de Estudios Peruanos” el 22 de Agosto, en el que la población le da 38% de Aprobación, 46% de Desaprobación y 16% que No sabe/No opina.

Esta situación como es lógico suponer debe haber lanzado las alarmas de los asesores en Palacio de Gobierno que ven imprescindible la recuperación de una Base Social que se está derrumbando rápidamente.

Para hacerlo se dio el primer paso anunciando una serie de medidas asistencialistas durante la presentación del Gabinete Bellido en el Congreso el 26 de Agosto, que tienen un costo mínimo que se estima en 9,000 millones de soles: 5,400 millones en el Bono Yanapay para los más pobres, 1,400 millones para Agrobanco, 1,800 millones para el subsidio al balón de gas, 200 millones para empleos temporales en Agricultura, además de la no cuantificada  reconversión del Banco de la Nación y otras iniciativas que podrían hacer llegar la cifra a 12,500 millones de soles.

Este dinero no está disponible en su totalidad, por lo que se requiere de una reforma tributaria que le genere más ingresos al gobierno, para ello van a requerir que el Congreso les de facultades para legislar durante 30 días a través de Decretos Legislativos.

Definitivamente es muy improbable que el Congreso les otorgue estas facultades, ya que lo mejor que ha hecho Castillo desde el 28 de Julio es generar desconfianza, además de que usarían esos fondos para hacer asistencialismo y ampliar su base social, para después contraatacar con su iniciativa de cambiar la Constitución a través de una Asamblea Constituyente Inconstitucional y perpetuarse en el Poder, siguiendo las recetas del Foro de Sao Paulo, Venezuela y Bolivia.

 

Una estrategia nefasta que mantendrá al Perú en zozobra, impulsando la fuga de capitales y el temor de los inversionistas privados de invertir en nuestro país, agudizándose la pérdida de puestos de trabajo dignos que permiten salir de la pobreza.

Lamentablemente en lugar de afianzar la calidad de las políticas públicas con funcionarios honestos y capacitados en todos los niveles del Poder Ejecutivo, que permitan ejecutar el Presupuesto General de la República con profesionalismo y sin obras paralizadas, que en el Perú escandalosamente superan los 16,000 millones de soles, se prioriza cambiar la Constitución que ha logrado impulsar la disminución de la pobreza del 58.7% en el 2004 al 20.1% en el 2019, teniendo el reto de reconstruir esta lucha que es prioritaria en nuestro país, ya que la pandemia en el 2020 hizo aumentar la pobreza hasta el 30%.

Por otro lado, debemos tener en cuenta que el gobierno ya presentó al Congreso el proyecto del Presupuesto General de la República para el 2022 que es de 197,002 millones de soles, un 7.6% superior al del 2021; un monto que nos permite afirmar que el Perú es un país en Mediano Desarrollo y que no se merece tener Ministros sin las competencias profesionales para administrar adecuadamente sus carteras.

Eso mismo debemos ver en nuestros Gobiernos Regionales y Municipales que necesitan profesionales capaces para administrar 57,123 millones de soles en el 2022, un aumento de 1,592 millones de soles; no más obras paralizadas.

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