Consiste en una estimación de ingresos los que se consignan a través de impuestos, gravámenes, contribuciones y tasas que los ciudadanos y las empresas pagan, versus una autorización de gastos para un año determinado. Esta Ley es la más importante que se aprueba todos los años en el Congreso, definiéndose la administración económica y financiera del Estado,

El 30 de Agosto de todos los años el Presidente de la República debe enviar al Congreso el Proyecto de Ley del Presupuesto para el año siguiente, debidamente equilibrado como lo indica el Art. 78 de nuestra Constitución. Esta ley debe estar aprobada en el Congreso a más tardar el 30 de Noviembre, si esto no sucede entra en vigencia el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo que es promulgado por Decreto Legislativo.

Entre esas fechas se analiza en la Comisión de Presupuesto del Congreso el proyecto presentado, invitándose a todos los Ministros, Gobernadores y Funcionarios a cargo de las Entidades Autónomas del Estado a exponer su presupuesto, el que se contrasta con el presentado por el Ministerio de Economía, lo que origina una lucha y coordinación entre todos los involucrados, para distribuir el dinero disponible del Estado.

Por otro lado, es muy importante tener en cuenta que el Art 79 de nuestra Carta Magna indica que los Congresistas no tienen iniciativa para crear ni aumentar gastos públicos, tampoco el Congreso puede aprobar tributos con fines predeterminados, salvo por solicitud del Poder Ejecutivo.

Como podemos ver a diferencia de otros países el Ministerio de Economía y Finanzas ostenta mayor poder que el Congreso en el manejo del Presupuesto que ya no corresponde a un país empobrecido, el monto del mismo este año es de 183,029 millones de soles, planeándose para el año 2022 un incremento del 5% por lo que estaría en una cifra alrededor de 192,000 millones de soles en su apertura, que con las ampliaciones que se dan a lo largo del año superará los 200,000 millones de soles.

Esta cifra corresponde a un país en Mediano Desarrollo, que por ineficiencia en su aparato estatal entre el 2006 y el 2019 devolvió a las arcas del Tesoro Público, un promedio de 10,940 millones de soles anuales que estaban presupuestados,2 por ineficiencia de los gobiernos centrales, regionales y locales, teniendo en la actualidad a nivel nacional obras paralizadas por un monto de 16,870 millones de soles.

Con un problema de esta categoría por resolver donde claramente se requieren profesionales altamente capacitados para enmendar estas graves falencias, este gobierno irresponsablemente viene incorporando en cargos directrices a personas sin capacidades para las funciones que se les encomiendan, agudizando hacia el futuro las probabilidades de ejecuciones presupuestales deficientes, que terminan perjudicando a la población que clama por una mejor atención del Estado en salud, educación y en la ejecución de obras de infraestructura, indispensables para garantizar mejores condiciones de vida, que permitan disminuir la pobreza en nuestro país.

Peor aún todo esto se da en un país que necesita superar la grave crisis sanitaria y económica que ha llevado a la muerte a más de 197,000 peruanos en la pandemia, produciéndose una caída del PBI en el 2020 del 11% y un aumento de la pobreza del 5%.