Una democracia es un sistema político que defiende la soberanía del pueblo y su derecho a elegir y controlar a sus gobernantes, se sustenta en el cumplimiento de la constitución, las leyes y las sentencias judiciales, lo que la distingue sobre las dictaduras que ejercen el poder en base a la imposición de la fuerza, alejándola de lo lícito que se enfoca en lo que está permitido en el marco jurídico.

Lo legítimo por su parte es aquello que se encuentra en conformidad con las leyes. Por extensión suele emplearse este adjetivo para referirse a la validez o verdad de un asunto o cosa.

Habrá legitimidad constitucional cuando un gobierno adquiere su existencia de las reglas e instituciones que una comunidad previamente decidió establecer, en el caso peruano están establecidas en la Constitución de 1993, la única de las 12 que hemos tenido en nuestros 200 años de vida republicana, que fue refrendada mediante un referéndum, dándole máxima legitimidad.

Con relación al proceso electoral de la segunda vuelta que mantiene en la incertidumbre a los peruanos nuestra Constitución en los Art. 176 y 178 establece que el sistema electoral (JNE, ONPE, RENIEC) tiene por finalidad que las votaciones traduzcan la expresión auténtica, libre y espontánea de los ciudadanos y que el JNE fiscalice su legalidad.

Lamentablemente esta Institución por sus propias decisiones ha ido perdiendo legitimidad, teniendo la gran responsabilidad de proclamar al nuevo Presidente de la República con la máxima transparencia, en un proceso electoral con resultados muy estrechos.

Hoy seis de cada diez peruanos desaprueban su accionar, al observar las decisiones que vienen tomando; primeramente aprobaron por unanimidad que los partidos Fuerza Popular y Perú Libre, cuyos candidatos disputan la presidencia en la segunda vuelta electoral, puedan presentar recursos de nulidad de las mesas de sufragio hasta las ocho de la noche del 11 de Junio, horas después y ante las críticas recularon por mayoría y adoptaron una posición contraria al resguardo del voto ciudadano, haciendo prevalecer ilegalmente una resolución administrativa sobre la ley orgánica de elecciones, para solo recibir estos recursos hasta el Miércoles 09 a las 8 pm. y no hasta las 11.59 pm. como indica la citada ley.

Posteriormente se han dedicado a no indagar en el fondo de las posibles irregularidades en las actas denunciadas, las que al final constituyen un total de 1,088 actas, en su mayoría denunciadas por Fuerza Popular por firmas falsas, adulteraciones, inconsistencias estadísticas, falsificación de resultados en mesa e invalidación por sumas erradas.  

Lo lógico en un proceso transparente sería pedir los padrones electorales que están en poder de la ONPE y que la RENIEC verifique las firmas, al ser estas instituciones integrantes del sistema electoral.

Pareciera que se hacen esfuerzos para cerrar los ojos en un momento definitorio del futuro de nuestro país, ya que el Partido Perú Libre se ha definido doctrinariamente como Marxista, Leninista y Mariateguista.

Para terminar de agravar la situación se ha violado nuestra legislación al reemplazar al Magistrado Luis Arce que declinó integrar el JNE.

Conclusión, se requiere una Auditoría Internacional para salvar la segunda vuelta electoral, de lo contrario el JNE designará un Presidente con escasa legitimidad, afectando la estabilidad democrática del Perú.