El diario La República el 18 del presente, publica un artículo donde indica que narcotraficantes han habilitado 46 pistas de aterrizaje en la Región Ucayali y que han sido asesinados una decena de dirigentes de comunidades nativas por exigir su salida de sus territorios, todo esto en la Provincia de Atalaya.

Lo que viene sucediendo es que ingresan impunemente violando nuestro Espacio Aéreo narcoavionetas, para embarcar con destino a Bolivia un promedio de 400 Kg de cocaína, que proviene del VRAEM, no lo hacen desde esta Zona en Estado de Emergencia por el despliegue de las FFAA existente.

Esto es un grave incumplimiento al artículo 165 de nuestra Constitución, al estarse violando nuestra soberanía impunemente, a pesar de existir la legislación para que nuestra Fuerza Aérea garantice la inviolabilidad de nuestro Espacio Aéreo.

Efectivamente el 28 de Agosto del 2015 se promulgó la ley 30339 de mi autoría, la que fue aprobada por unanimidad en el Congreso, dándole a la Fuerza Aérea amplias facultades para interceptar vuelos ilícitos, respetándose los Tratados de los que el Perú es parte y otras normas de derecho internacional sobre la materia que puedan ser de aplicación al Estado Peruano.

En ella se deja muy claro que el Perú se abstendrá de recurrir al empleo de la fuerza contra una aeronave civil en vuelo (Es un tema que le preocupa a EE.UU.), pudiendo hacerlo en última instancia cuando esta ha sido declarada hostil, luego de haberse ejecutado las medidas de persuasión señaladas en los artículos 11 y 12 de la mencionada ley.

Uno de los principios rectores que cambia la denominación de aeronave civil a hostil, especifica que exista la evidencia que esté siendo utilizada para la comisión del delito de tráfico ilícito de drogas.

En conclusión, es una ley muy específica que tomó muchos meses en su elaboración y que no mereció ninguna objeción de algún grupo parlamentario o del gobierno de turno de Ollanta Humala.

Por otro lado, que se trate de justificar que faltan radares o medios para hacer la interceptación aérea que indica la ley es una excusa, lo que no hay es decisión política gubernamental, han pasado seis años y las narcoavionetas se pasean en nuestros aires violando nuestra soberanía aérea. 

Pretender trasladar la responsabilidad de enfrentar estos vuelos ilícitos a nuestra Policía Nacional, mediante la destrucción de las pistas de aterrizaje clandestinas, no solo es inviable, es una afrenta a quienes deben hacerlo desde el aire, me refiero a la Fuerza Aérea del Perú.

Cuando se destruye una pista de aterrizaje esta es reparada en pocos días o se construye otra en las inmediaciones, es el juego del gato con el ratón, que insulta el profesionalismo de quienes tienen deberes constitucionales que cumplir.

Esta situación está afectando seriamente la seguridad de nuestra Región Ucayali, de nuestras Comunidades Nativas y de la población en general, debiéndose tomar las acciones correctivas inmediatas.

No olvidemos que el narcotráfico es el gran motor de la inseguridad ciudadana, hay más cocaína en nuestras calles, esta lucha no debe tener a nadie mirando a otro lado o justificándose que es un problema policial, cuando es un tema donde las Fuerzas Armadas deben actuar con el profesionalismo que las caracteriza.