Otro aspecto importante a tener en cuenta y que se analizó en el II Encuentro Empresarial Amazónico fue el relacionado al Estabilidad Jurídica para Garantizar el Desarrollo Sostenible e inclusivo de la Amazonía, fue tratado por el Constitucionalista Luciano López, basó su exposición en la Ley 27037 Ley de Promoción de la Inversión de la Amazonía, publicada en el gobierno del Ing. Alberto Fujimori el 30 de Diciembre de 1998, hace 22 años.

Indicó que el Estado tiene obligaciones constitucionales con la Amazonía, establecidas en nuestra Carta Magna en el Art. 69 que a la letra dice: “El Estado promueve el desarrollo sostenible de la Amazonía con una legislación adecuada”.

Basado en ello se promulgó la Ley 27037, como norma de desarrollo constitucional, asumiendo el Estado una serie de compromisos, además de establecerse una serie de obligaciones para la inversión pública y la promoción de la inversión privada.

Su cumplimiento no solo es obligatorio sino exigible, quebrantar sus compromisos nos lleva a una situación de inconstitucionalidad, ya que el Estado incumpliría por omisión con el deber de desarrollar la Amazonía, irónicamente es precisamente lo que ha venido sucediendo en los últimos 20 años, bajo responsabilidad de los últimos gobiernos, a pesar de las luchas libradas desde el Congreso.

Esta ley está basada en cuatro pilares:

• Promover la Inversión Privada, en el Art. 6 se establece el Comité Promotor de la Inversión Privada que nunca funcionó.
• Para la Inversión Pública en los Arts. del 7 al 10 indica que se debe invertir en la Amazonía el 10% de la asignación presupuestal anual en agricultura, energía, vivienda, transporte y mujer.
• Fondo de Promoción de la Inversión de la Amazonía (FOPRIA) establecido en el Art .20 y donde las instituciones públicas garantizan salud y educación; supervisando los servicios privados.
• Beneficios Tributarios: Se indican en los Arts. 12 al 15 con una duración de 50 años.

De estos cuatro pilares se han incumplido totalmente los tres primeros, el cuarto se ha cumplido a medias, derogándose y/o modificando la legislación tributaria, generando inestabilidad jurídica e incumpliendo lo establecido para la Amazonía en nuestra Constitución.

Basados en este análisis se debería recurrir al Tribunal Constitucional y demandar al Estado y exigir el estricto cumplimiento de esta norma, que como se ha indicado anteriormente desarrolla el Art. 69 de la Constitución.

Tenemos que ser conscientes que el Estado no mira a la Amazonía (Ni siquiera las FFAA tienen un despliegue adecuado), tampoco lo hacen la mayoría de los peruanos, por lo que se tiene que luchar con un solo puño para generar conciencia amazónica y generar mejores condiciones de vida para sus pobladores.

Tanto Brasil como Colombia tienen estímulos para la inversión en la Amazonía con excelentes resultados, lo que han hecho es no andar modificando sus alcances, generando incertidumbre; basta ver los progresos de Manaos y Leticia en los últimos años al mantener estable sus normativas jurídicas.

Ese camino debemos seguirlo y retomar la ley 27037 como bandera lucha, solo unidos se logrará el progreso que requerimos; tengamos presente que existen intereses para obstruirlo de parte de ambientalistas radicales, los que se oponen a las iniciativas que faciliten la conectividad terrestre, la agroexportación y la industrialización de nuestros recursos naturales.