A los pocos días de asumir el Congresista Francisco Sagasti como Presidente Transitorio del Perú para garantizar un Proceso Electoral en el 2021 transparente sin interferencias, tomó la decisión de relevar el Alto Mando de nuestra Policía Nacional afectando su institucionalidad, incumpliendo el Decreto Legislativo 1267 artículo 8, sin haberse concluido las investigaciones fiscales y definido responsabilidades.

Sin lugar a dudas el gobierno actuó con imprudencia siendo Ministro del Interior el Sr. Rubén Vargas, fue relevado por el General PNP (r) Cluber Aliaga el 02 de Diciembre, un día antes de la presentación del Gabinete presidido por la Ministra Violeta Bermúdez en el Congreso, para solicitar el voto de confianza que obtuvo con 111 votos a favor.

Mientras esto sucedía desde el 30 de Noviembre se realizaban protestas con bloqueo de carreteras en Ica, por parte de los trabajadores del sector agroexportador, exigiendo la derogatoria de la Ley que extendió la vigencia de la Ley de Promoción Agraria aprobada por el Ex Presidente Martín Vizcarra con el Decreto de Urgencia 043-2019, que según algunos dirigentes le recortaba sus beneficios laborables.

El 03 de Diciembre se extendió el bloqueo a la Región Libertad, permaneciendo impasible la Policía Nacional por orden del gobierno ante este delito tipificado en nuestro código penal, generándose un precedente negativo que fue imitado por los trabajadores de la Minera Doe Run, al bloquear la carretera Central el 04 de Diciembre y que otros imitarán, generándose situaciones de violencia y afectándose injustamente a las personas que terminan intempestivamente impedidas de transitar por el territorio nacional, un derecho constitucional establecido en el artículo 2, inciso 11 de nuestra Carta Magna.

Por otro lado, es conveniente recordar que la Ley 27360, Ley de Promoción del Sector Agrario se promulgó en el 30 de Octubre del 2000, originando un gran impulso a la agro exportación de nuestro país en diferentes productos como espárragos, uvas, cacao, arándanos y paltas, logrando subir el valor de nuestras exportaciones de US$ 643 en el 2000 a US$ 6,651, generándose 800 mil puestos de trabajo e inversiones por más de US$13,000 millones; la pobreza en el agro bajó de 81.3% en el 2014 a 30.5% en el 2019 (AGAP).

También es importante resaltar que en la extensión de la vigencia de esta ley se logró incluir al sector forestal en los alcances de la misma, luego de una lucha que libramos en el Congreso, impulsando esta actividad en nuestra Región, se incluyen las iniciativas de reforestación. También se mejoraron los beneficios laborables como la extensión de vacaciones de 15 a 30 días.

Finalmente, esta Ley ha sido derogada, debiéndose promulgar en un plazo de 15 días el sustituto de la misma, para lo que se tiene que actuar con responsabilidad y no detener esta actividad productiva de gran éxito en los últimos años y donde existen intereses de diferente tipo para paralizarla, tanto por parte de los competidores del extranjero que ven que los productos peruanos van ingresando a diferentes mercados haciéndoles competencia, ONGs ambientalistas, como activistas de la izquierda radical de nuestro país interesados en generar caos en provecho de sus intereses políticos y partidarios. El camino lo abona el gobierno persistiendo en sus errores, desoyendo recomendaciones y nombrando un nuevo Ministro del Interior.