la fiscalización congresal

La labor de fiscalización del Congresista se hace en la administración pública y en el gobierno, también puede revisar Decretos de Urgencia y la disposición de bienes y recursos públicos. Al detectarse la posible existencia de irregularidades o malos manejos puede a título individual o a través de una Comisión del Congreso, solicitar a la entidad pertinente los informes del caso, o en caso de investigaciones realizadas hacer la denuncia correspondiente ante la Fiscalía de la Nación, anexando la documentación sustentatoria.

Lo que no debe hacer es usar esta función para hacer populismo, es decir acusar de palabra a algún funcionario o autoridad del gobierno central, regional o local con fines políticos, utilizando la lucha contra la corrupción como bandera, para impactar en la población y proyectar su imagen, escudándose en la inmunidad parlamentaria para protegerse de cualquier denuncia por difamación, actuando con impunidad y con una línea de conducta censurable en el aspecto ético y moral.

Muchas veces lo que se observa es que se impulsan acusaciones sin haberse realizado una investigación seria y detallada, repitiendo con imprudencia afirmaciones de posibles hechos delictuosos que han llegado a su despacho, basados en sospechas y no en indicios razonables o pruebas, que se demandan en un país democrático como el Perú, donde se debe respetar los derechos que todos los peruanos tenemos y que se encuentran especificados en el artículo 2 de nuestra Constitución, como la presunción de inocencia.

Debemos tener en cuenta que el equipo del despacho Congresal solo cuenta con dos asesores profesionales, para apoyar al Congresista en su labor de representación, legislativa y de fiscalización; sin embargo, dispone de una legislación que apoya su gestión, todo funcionario público tiene un plazo perentorio para responder las solicitudes de información que solicite, por lo que debe hacer uso de esta herramienta. 

Así si desea investigar algún hecho derivado de la ejecución presupuestal, puede recurrir a la Contraloría General de la República para solicitar la información requerida, ya que esa institución dispone de los profesionales de diferentes ramas para atender la inquietud que se presente, no necesita apersonarse con un grupo de periodistas para hacer un escándalo mediático, buscando proyectarse políticamente.

Lo mismo sucede cuando se necesita verificar las bondades de los servicios que se brindan a la ciudadanía, muy fácil es hacer ruido político y no solucionar nada, lo profesional es que recurra a los Organismos Reguladores correspondientes, que son los que norman, regulan, supervisan y fiscalizan en sus áreas de responsabilidad, verificando los sistemas tarifarios y sus condiciones de aplicación, además de que velan por el cumplimiento de la normatividad que regula la calidad y eficiencia del servicio que recibe el usuario.

Así si se desea verificar asuntos relacionados a telefonía o internet se tiene al Osiptel; en transporte al Ositran; agua y saneamiento a la Sunass y en electricidad y combustibles (gas, petróleo, gasolina) está el Osinergemin. A ellos debe presionar el Congresista ante las inquietudes de la población, así como a las empresas estatales que puedan estar involucradas, actuando sin figuretismo que genera inestabilidad política, resolviendo profesional y éticamente las inquietudes que han llegado a su despacho, a pesar de que mediáticamente no se perciba el trabajo realizado.

La labor de fiscalización del Congresista se hace en la administración pública y en el gobierno, también puede revisar Decretos de Urgencia y la disposición de bienes y recursos públicos. Al detectarse la posible existencia de irregularidades o malos manejos puede a título individual o a través de una Comisión del Congreso, solicitar a la entidad pertinente los informes del caso, o en caso de investigaciones realizadas hacer la denuncia correspondiente ante la Fiscalía de la Nación, anexando la documentación sustentatoria.

Lo que no debe hacer es usar esta función para hacer populismo, es decir acusar de palabra a algún funcionario o autoridad del gobierno central, regional o local con fines políticos, utilizando la lucha contra la corrupción como bandera, para impactar en la población y proyectar su imagen, escudándose en la inmunidad parlamentaria para protegerse de cualquier denuncia por difamación, actuando con impunidad y con una línea de conducta censurable en el aspecto ético y moral.

Muchas veces lo que se observa es que se impulsan acusaciones sin haberse realizado una investigación seria y detallada, repitiendo con imprudencia afirmaciones de posibles hechos delictuosos que han llegado a su despacho, basados en sospechas y no en indicios razonables o pruebas, que se demandan en un país democrático como el Perú, donde se debe respetar los derechos que todos los peruanos tenemos y que se encuentran especificados en el artículo 2 de nuestra Constitución, como la presunción de inocencia.

Debemos tener en cuenta que el equipo del despacho Congresal solo cuenta con dos asesores profesionales, para apoyar al Congresista en su labor de representación, legislativa y de fiscalización; sin embargo, dispone de una legislación que apoya su gestión, todo funcionario público tiene un plazo perentorio para responder las solicitudes de información que solicite, por lo que debe hacer uso de esta herramienta. 

Así si desea investigar algún hecho derivado de la ejecución presupuestal, puede recurrir a la Contraloría General de la República para solicitar la información requerida, ya que esa institución dispone de los profesionales de diferentes ramas para atender la inquietud que se presente, no necesita apersonarse con un grupo de periodistas para hacer un escándalo mediático, buscando proyectarse políticamente.

Lo mismo sucede cuando se necesita verificar las bondades de los servicios que se brindan a la ciudadanía, muy fácil es hacer ruido político y no solucionar nada, lo profesional es que recurra a los Organismos Reguladores correspondientes, que son los que norman, regulan, supervisan y fiscalizan en sus áreas de responsabilidad, verificando los sistemas tarifarios y sus condiciones de aplicación, además de que velan por el cumplimiento de la normatividad que regula la calidad y eficiencia del servicio que recibe el usuario.

Así si se desea verificar asuntos relacionados a telefonía o internet se tiene al Osiptel; en transporte al Ositran; agua y saneamiento a la Sunass y en electricidad y combustibles (gas, petróleo, gasolina) está el Osinergemin.

 A ellos debe presionar el Congresista ante las inquietudes de la población, así como a las empresas estatales que puedan estar involucradas, actuando sin figuretismo que genera inestabilidad política, resolviendo profesional y éticamente las inquietudes que han llegado a su despacho, a pesar de que mediáticamente no se perciba el trabajo realizado.

La labor de fiscalización del Congresista se hace en la administración pública y en el gobierno, también puede revisar Decretos de Urgencia y la disposición de bienes y recursos públicos. 

Al detectarse la posible existencia de irregularidades o malos manejos puede a título individual o a través de una Comisión del Congreso, solicitar a la entidad pertinente los informes del caso, o en caso de investigaciones realizadas hacer la denuncia correspondiente ante la Fiscalía de la Nación, anexando la documentación sustentatoria.

Lo que no debe hacer es usar esta función para hacer populismo, es decir acusar de palabra a algún funcionario o autoridad del gobierno central, regional o local con fines políticos, utilizando la lucha contra la corrupción como bandera, para impactar en la población y proyectar su imagen, escudándose en la inmunidad parlamentaria para protegerse de cualquier denuncia por difamación, actuando con impunidad y con una línea de conducta censurable en el aspecto ético y moral.

Muchas veces lo que se observa es que se impulsan acusaciones sin haberse realizado una investigación seria y detallada, repitiendo con imprudencia afirmaciones de posibles hechos delictuosos que han llegado a su despacho, basados en sospechas y no en indicios razonables o pruebas, que se demandan en un país democrático como el Perú, donde se debe respetar los derechos que todos los peruanos tenemos y que se encuentran especificados en el artículo 2 de nuestra Constitución, como la presunción de inocencia.

Debemos tener en cuenta que el equipo del despacho Congresal solo cuenta con dos asesores profesionales, para apoyar al Congresista en su labor de representación, legislativa y de fiscalización; sin embargo, dispone de una legislación que apoya su gestión, todo funcionario público tiene un plazo perentorio para responder las solicitudes de información que solicite, por lo que debe hacer uso de esta herramienta. 

Así si desea investigar algún hecho derivado de la ejecución presupuestal, puede recurrir a la Contraloría General de la República para solicitar la información requerida, ya que esa institución dispone de los profesionales de diferentes ramas para atender la inquietud que se presente, no necesita apersonarse con un grupo de periodistas para hacer un escándalo mediático, buscando proyectarse políticamente.

Lo mismo sucede cuando se necesita verificar las bondades de los servicios que se brindan a la ciudadanía, muy fácil es hacer ruido político y no solucionar nada, lo profesional es que recurra a los Organismos Reguladores correspondientes, que son los que norman, regulan, supervisan y fiscalizan en sus áreas de responsabilidad, verificando los sistemas tarifarios y sus condiciones de aplicación, además de que velan por el cumplimiento de la normatividad que regula la calidad y eficiencia del servicio que recibe el usuario.

Así si se desea verificar asuntos relacionados a telefonía o internet se tiene al Osiptel; en transporte al Ositran; agua y saneamiento a la Sunass y en electricidad y combustibles (gas, petróleo, gasolina) está el Osinergemin.

 A ellos debe presionar el Congresista ante las inquietudes de la población, así como a las empresas estatales que puedan estar involucradas, actuando sin figuretismo que genera inestabilidad política, resolviendo profesional y éticamente las inquietudes que han llegado a su despacho, a pesar de que mediáticamente no se perciba el trabajo realizado.

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