Según el artículo 201 de nuestra Carta Magna el Tribunal Constitucional (TC) es el órgano de control de la Constitución, es autónomo e independiente y se compone de siete miembros elegidos en el Congreso de la República por cinco años, con el voto favorable de los dos tercios del número legal de sus miembros (87 votos).

Actualmente lo integran seis magistrados que fueron elegidos para el período 2014- 2019 y que hace un año debieron ser relevados, solo uno de los que están en funciones fue elegido en el 2017, debiendo concluir su mandato en el 2022. Las decisiones que toma este tribunal son trascendentales para la marcha de nuestra democracia (Se toman en base a los votos de sus siete miembros), esto se ha evidenciado en los últimos años, ante las continuas pugnas para imponer sus criterios entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo.

El punto culminante de esta situación se dio el 30 de Setiembre del año pasado, cuando en la elección de nuevos magistrados (Un proceso que le corresponde exclusivamente al Congreso), fue interferido por el Poder Ejecutivo con una cuestionable Medida de Confianza que pretendía detener el proceso iniciado, lo que terminó desencadenando el cierre del Congreso, luego de haber alcanzado el Dr.Gonzalo Ortiz de Zevallos los 87 votos requeridos para ser designado magistrado de este Tribunal.

Recientemente se vienen aprobando leyes por “Insistencia” en el Congreso, las que a través de denuncias del Poder Ejecutivo son llevadas al TC para el análisis de su constitucionalidad. Para terminar de visualizar el rol del TC en nuestra sociedad, acabamos de ver el intento de vacancia de la Presidencia de la República por el Congreso, cuyo proceso intentó detener el Poder Ejecutivo con una Medida Cautelar, la que terminó siendo rechazada.

Asimismo, presentó una Acción Competencial, que es un proceso constitucional a través del cual el TC define las competencias de los Poderes del Estado, el veredicto se dará en unos meses. Como podemos comprobar existe una lucha política silenciosa en la designación de los integrantes del TC, ya que es el gran árbitro en decisiones trascendentales, al tener que verificar que se encuentren enmarcadas en nuestra Constitución, el gran pacto entre la sociedad y el Estado.

Actualmente el Congreso se encuentra abocado a este proceso a través de una Comisión Congresal que elegirá a los postulantes a integrar el TC, los que obtengan las mejores calificaciones serán llevados ante el Pleno del Congreso, los que obtengan 87 votos serán designados como Magistrados de este Alto Tribunal.

Esta Comisión ha hecho un Reglamento para iniciar el concurso basado en cuatro principios: Igualdad, No Discriminación, Publicidad y Transparencia; ojalá que los candidatos sean personas de altas calificaciones profesionales y probas; se realizarán entrevistas, verificación de antecedentes y otros procedimientos que se acuerden con asignación de puntajes; el problema es que al final podrías ser muy bueno y no logras alcanzar los votos requeridos en el Pleno; en conclusión, termina siendo una designación política donde se realizan negociaciones partidarias.

 Desgraciadamente, esto podría alejar a juristas de prestigio, al vislumbrar que podrían terminar siendo maltratados en su prestigio profesional, sobre todo en quienes se desempeñan en actividades académicas o en prestigiosos estudios de abogados.