El Perú ha ingresado a un camino peligroso por el que ya hemos andado en las décadas de los 70s y 80s del siglo pasado y que nos llevó a una inflación de 2,178%, afectando sobretodo a los más pobres, llevó a esta condición al 60% de los peruanos, ya que causa una subida continua de los precios y una pérdida del valor del dinero.

Logramos salir de ésta condición con grandes sacrificios que se iniciaron el 08 de Agosto de 1990 en el gobierno de Alberto Fujimori, cuando su Ministro de Economía Juan Carlos Hurtado Miller anunció una serie de medidas económicas durísimas para acabar con la hiperinflación. Han pasado 30 años de disciplina fiscal, hasta antes de la pandemia éramos admirados a nivel mundial por nuestra fortaleza macroeconómica; así entre otros indicadores la inflación el año pasado fue de 1.90% y nuestras reservas internacionales al 10 de Junio del presente año llegaba a US$73,932 millones, un elemento clave para mantener nuestra estabilidad económica y que debemos cuidar.

Desafortunadamente el gobierno del Presidente Martín Vizcarra adoptó una estrategia política que nos puede llevar a un destino con consecuencias muy perjudiciales, me refiero al populismo, en su aplicación se toman decisiones que merecen la aceptación ciudadana sin importar que afecten el destino del país.

Esta forma de actuar está siendo replicada desde el Congreso con leyes emitidas en forma apresurada, sin los estudios respectivos y que son aplaudidas a pesar de generar déficit fiscal (Los gastos realizados por el Estado superan a los ingresos no financieros). Veamos lo sucedido con la ley de devolución de aportes de la ONP que puede tener un fin loable, al encontrarnos en una pandemia sumidos en una grave crisis económica, desempleo y quiebra de empresas/negocios, sin embargo no podemos apartarnos de nuestra constitución, que es el gran pacto entre la sociedad y el estado; vivir en democracia es respetar nuestra carta magna, las leyes y las sentencias judiciales.

Entre otros artículos constitucionales se ha hecho oídos sordos al artículo 79 que dice a la letra: “Los representantes ante el Congreso no tienen iniciativa para crear ni aumentar gastos públicos, salvo en lo que se refiere a su presupuesto. Como se puede observar es indudable que de llegar a una denuncia contra esta ley al Tribunal Constitucional en tres meses será derogada, creándose una expectativa innecesaria en los aportantes de este fondo de retiro.

Definitivamente se tiene que atender esta demanda, pero debe hacerse en forma coordinada entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo dentro de lo posible, de tal manera que no se destruya el régimen pensionario y sin generar un egreso inmanejable de 13,280 millones de soles que equivale a  lo ejecutado en los últimos siete años, en todos los niveles de gobierno en la Región Ucayali.

Un egreso de esta dimensión es imposible de atender sin recortes presupuestales, entre otros se afectaría los programas sociales que atienden a los más pobres de nuestro país. Definitivamente existen muchas necesidades, pero no tenemos otro camino que actuar con responsabilidad y no con estrategias populistas, una receta equivocada que genera aplausos al inicio y sufrimiento posterior, hundiendo a la población en más pobreza en corto tiempo.